El Presidente del mencionado tribunal critica el pedido y señala que ello puede representar un gasto de dos millones de bolivianos. Faltan resolver cien procesos.
Los magistrados suplentes del Tribunal Agroambiental que integran las salas liquidadoras solicitaron la ampliación de su labor por un año más para solucionar las causas pendientes. El presidente del tribunal, Bernardo Huarachi, señaló que ello va en contra de la Ley de Transición Judicial.
Los magistrados suplentes no reciben remuneración, pero sí en caso de asumir la titularidad o asistir a reuniones de plenaria a las que se los convoca (Ley 025, artículo 26), indicó Huarachi.
Javier Aramayo, uno de los tribunos en suplencia, manifestó que no se trata de un interés individual, más al contrario, se quiere generar seguridad jurídica a los actores que intervienen en las causas, porque son ellos quienes pueden ser afectados.
El inciso I, del artículo 12 de la Ley 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional, señala que estas salas liquidadoras, conformadas por las magistradas y los magistrados suplentes, tienen la tarea de liquidar las causas ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2011 “en el plazo no mayor de doce meses”, es decir hasta el 31 de diciembre de 2012.
Según Aramayo, no fue suficiente para liquidar todas las causas, por lo que se hace necesaria una ampliación.
De acuerdo con la explicación del magistrado, es la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la que tiene la facultad de resolver la solicitud de ampliación o no del mandato de estas salas de liquidación.
“El Tribunal Agroambiental, a través de sus salas liquidadoras, en coordinación con el Presidente pidió una tramitación por conducto regular, como lo establece la Ley Orgánica Judicial de presentar una iniciativa a través del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Aramayo.
De acuerdo con el magistrado, hace un mes y medio se conoció en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la iniciativa presentada por los suplentes, y esta instancia derivó el pedido a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional para su revisión en la ALP.
Sin embargo, el Presidente del Tribunal Agroambiental dijo que la aspiración de los magistrados suplentes no tiene argumentos y sólo puede generar un gasto de dos millones de bolivianos, que deberán ser cubiertos por el Tesoro General del Estado (TGE).
“Ya feneció el mandato que ellos tenían, pero tienen la pretensión de quedarse medio año o quizá un año más”, indicó Huarachi.
Es más, señaló que de las 340 causas que quedaron en mora procesal hasta 2011 se despacharon 240 y faltan resolver 100 procesos que pueden ser vistos por los magistrados titulares.
“No valdría la pena que continúen los magistrados suplentes con la sala de liquidación, ya que ello puede implicar mayores gastos en salarios, lo que queremos evitar es que el país erogue esta suma”, insistió.
Senador ve poco trabajo y rechaza posible prórroga
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Chuquisaca David Sánchez señaló que antes de decidir la ampliación o no de la labor de la sala liquidadora se debe preguntar a los magistrados del Tribunal Agroambiental si trabajaron de acuerdo con las proyecciones.
No obstante a ello, señaló que “lamentablemente, revisando su trabajo por planilla y por resultado, no respondieron, no estuvieron a esa altura del pueblo boliviano y no podemos dar mayor opción por el aspecto del presupuesto”.
El director del Centro de Estudios de Justicia y Participación (Cejip), Iván Lima, indicó hace unos días que la justicia boliviana aún tiene pendientes cerca de 600 mil casos judiciales, pero sólo cuenta con 800 jueces, hecho que perjudica el avance de los procesos.
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