La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció ayer el ingreso de semillas transgénicas de algodón y maíz. El sector exige la creación de mecanismos legales para el control de los productos biológicamente modificados. Además de la modificación de algunos artículos de la Ley Madre Tierra, que emplaza al sector productivo a dejar de forma paulatina el uso de estos materiales; caso contrario, se dispondrán medidas como la cárcel y la reversión de tierras.
En la actualidad, el 90% de la producción de soya usa material transgénico, en total hay más de 1,2 millones de hectáreas de este grano sembradas en el país. Pero "se conoce de que han ingresado semillas de maíz y algodón" transgénicas “que no tienen ningún tipo de fiscalización o control de inocuidad alimentaria. No sabemos si incluso son desechos de material”, dijo Luis Fernando Asturrizaga, asesor de Directorio de Anapo.
Uso. Demetrio Pérez, presidente de Anapo, señaló que en este momento no se puede ignorar que el algodón no se puede producir de forma convencional. Si se produce es con semillas modificadas, por lo que es un cultivo "ilegal".
En 2012 se cultivaron 8.000 hectáreas del producto con un promedio de 8 quintales de fibra de algodón por hectárea.
"Queremos usar la biotecnología para producir de forma más organizada porque los transgénicos están ingresando de forma ilegal, por lo que no queremos eso", dijo.
Frontera. Anapo señaló que el ingreso del material se hace por las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, en donde es producido en cantidad. La Aduana admitió el ingreso de estos productos y prometió en los próximos días enviar cifras a este medio.
Se llamó a Cristian Fernández, director del Senasag en Santa Cruz, la entidad que vela por la inocuidad de los productos que llegan al país, pero él no contestó.
Regulación
Contradicciones legales en Bolivia por el uso de material modificado
Ley. Según los productores de oleaginosas, existe inseguridad jurídica para producir OGMs (Órganos Genéticamente Transformados) a causa de las contradicciones en las normas aprobadas por el Gobierno eliminando el uso de la biotecnología en la agricultura.
El artículo 255 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece la prohibición, importación, producción y comercialización de OGMs y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. Por otro lado, recordó que el Art. 409 señala que "la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley".
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