El 48% de los cultivos del país están sembrados con semilla no certificada proveniente de los propios agricultores o del contrabando, una actividad que provoca pérdidas millonarias a empresas, productores y al Estado, ya que el valor comercial de la simiente certificada es de $us 85,8 millones.
Datos del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) dan cuenta que en 2013 el 46% de la superficie comercial cultivada en Bolivia —3,3 millones de hectáreas (ha)— fue sembrada con semilla certificada con un valor comercial de aproximadamente $us 85,82 millones.
“Asimismo, fiscalizamos 11.000 toneladas de semilla nacional y de importación, con lo que estamos cubriendo casi el 52% de la superficie comercial sembrada con semilla de calidad. El 48% del resto de la semilla que se usa en todo el país (al menos 200.000 toneladas) proviene de los propios productores y del contrabando”, informó a La Razón Freddy Caballero, director interino del Programa Nacional de Semillas del INIAF.
Las simientes ilegales, alertó el funcionario, pueden portar plagas que llegan a extenderse en el país afectando la productividad de los cultivos.
Efectos Solo en el caso del maíz, la semilla no certificada “ha provocado a las empresas legales del rubro un daño económico de $us 5 millones, el Estado ha dejado de percibir $us 821.149 por obligaciones impositivas y los agricultores perdieron al menos $us 10 millones por la disminución de más del 10% de sus ingresos, debido al bajo rendimiento por hectárea”, advirtió la Asociación de Productores de Insumos Agropecuarios (APIA).
El área sembrada de maíz en la época de invierno pasado fue de 95.300 ha, en cuya extensión se emplearon 95.000 bolsas de semillas. Las empresas legales comercializaron 57.000 sacos, “lo que significa que existen 38.000 producidos ilegalmente y/o ingresados al país vía contrabando”, añade la institución, que totaliza las pérdidas en $us 16 millones, sin considerar los ingresos por inspección y fiscalización que debían percibir instituciones como el INIAF y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
La mala calidad del producto sube los costos de producción, ya que incluso “se acaba sembrando dos veces”, dijo Demetrio Pérez, titular de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, que emplea semilla certificada “casi en el 100%” de sus cultivos.
Para frenar la internación ilegal de semillas al país, desde 2013 está en ejecución la Estrategia Nacional de Control de Comercio de Semillas, que incluye la firma de memorandos de entendimiento por cinco años con la Policía y el Senasag, así como la conformación de plataformas de control locales y nacionales que involucran a instancias públicas y privadas del país, explicó el responsable Nacional de la Unidad de Certificación de Semillas del INIAF, Ramiro Figueredo.
El fortalecimiento del control, especialmente en frontera, es urgente debido a que “los grupos de contrabandistas y productores ilegales de simientes conforman un sistema peligroso”, denunció el informe de APIA.
‘Existe un grave riesgo para el agro’
El uso de semilla no certificada representa un riesgo muy grave para la agroindustria, porque en el largo plazo puede causar la degradación de los suelos y del medio ambiente. El contrabando está afectando a todo el aparato formal del país, en este caso también a los importadores legales de semillas, que pagan sus impuestos y generan empleos estables. Estos están sufriendo lo que sienten otros sectores de la economía, como los alimentos o los textiles.
Sin embargo, lo que más preocupa es que no se observa una política estatal para controlar o al menos mitigar los efectos de este problema estructural de Bolivia, un país donde no se generan suficientes empleos; donde hay pueblos enteros que se dedican a esta actividad ilícita en zonas fronterizas; y donde la Aduana no tiene la logística ni los medios para enfrentar a estos grupos organizados.
Por ello, una de las propuestas que debería estar incorporada en esta campaña electoral sería la de iniciar una lucha efectiva contra el contrabando, que debilita a las empresas legales, le quita empleo a los bolivianos y disminuye los fondos del Estado.
Teófilo Caballero Viera
Es expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cru
No hay comentarios:
Publicar un comentario