El sector agropecuario necesita certeza para producir alimentos. La semana pasada volvió a la palestra la toma ilegal de tierras, esta vez fueron siete los predios ocupados. El Gobierno, a instancias de los dirigentes, emplazó a los loteadores a desalojar con el objetivo de evitar enfrentamientos.
Sin embargo, hacen falta acciones concretas, no solo reacción cuando surge el conflicto. No es suficiente la represión. El sector precisa leyes que garanticen la inversión productiva. En los últimos años se titulan tierras comunitarias, de campesinos e indígenas, pero el sector privado todavía está en espera.
Desde hace varias décadas el campo pide establecer el tiempo que permita demostrar la Función Económica Social (FES) de un fundo. ¿Dos, tres, cinco años? No se logran consensos, por lo que hay varios productores que no cuentan con los títulos que les permitan trabajar tranquilos. Tampoco pueden acceder a créditos en condiciones que tomen en cuenta las campañas agrícolas.
Hace dos semanas, el Gobierno planteó el desafío de incrementar la producción de alimentos y cultivar 10 millones de hectáreas, pero ¿cómo invertir si el día de mañana la propiedad será ocupada ilegalmente?, ¿cuál es la certeza de que el fruto de meses de trabajo y esfuerzo se podrá cosechar? Muchos ‘tomatierras’ ingresan a los predios para llevarse la cosecha y ésa es la condición que imponen para desalojar.
La agricultura conlleva muchos riesgos, entre ellos el clima, la falta de semillas, la inversión, los precios internacionales y las plagas, entre otros, pero se puede aliviar un poco la carga pensando en los empleos que genera. Solo piden seguridad jurídica
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