El objetivo “real” del Gobierno y de los agroempresarios, en “alianza público-privada” al amparo de la Agenda Patriótica 2025, es lograr transferencias de recursos del Estado hacia el sector privado, afirmó ayer en un boletín de prensa el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) sobre la cumbre del agro realizada en Santa Cruz.
Entre otros propósitos de fondo, el Cedla añadió que se busca consolidar el derecho propietario de la mediana y gran propiedad agraria privada, asentada sobre todo en el oriente, a través del acelerado saneamiento en las mejores tierras y la disminución de costos de producción.
“Las demandas acordadas y comprometidas en realidad van en procura de este objetivo”, señala la nota, al alertar sobre un escenario (de crisis y cotizaciones agrícolas poco tendientes al alza) que no es propicio para el cumplimiento de las metas planteadas por el Gobierno y los agroempresarios.
El Cedla señala que ya hay beneficios en curso y recordó que la tasa de interés para préstamos productivos fue disminuida a favor de la agroempresa y que la ley de desmonte, hasta el momento, implica una reducción sustancial en los pagos por deforestación.
También, recordó que la inversión pública en carreteras e infraestructura productiva, la ampliación del uso de transgénicos y el diésel subvencionado se traducen, esencialmente, en disminución de costos.
Pone como ejemplo que el uso de transgénicos, al permitir el control de la producción soyera con el uso de herbicidas, significó una reducción del costo de 75 a 45 dólares por hectárea.
“En definitiva, a nombre de la soberanía alimentaria del país, se pretende favorecer la acumulación de capital de la burguesía agropecuaria y agroindustrial en un contexto de descenso en los precios de otros productos de exportación como los minerales y los hidrocarburos”, señala la nota.
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